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Indígenas luchan porque el gobierno respete su derecho a la salud y la vida
Al menos 30 organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos de todo el país y cinco extranjeras, se sumaron, mediante cartas, a la petición que hicieron pobladores de la comunidad de Mini Numa municipio de Metlatónoc, al juez séptimo de distrito para que la justicia federal los ampare y obligue al gobierno estatal a garantizarles el acceso a la salud.
De acuerdo a lo que han denunciado los pobladores de Mini Numa, en esa comunidad en el último año murieron varias personas por padecimientos tan simples como puede ser una infección estomacal, que se complica por falta de atención médica y medicamentos, pues para que una persona de esa localidad pudiera acceder a una consulta deben trasladarse a píe por más de cuatro horas hasta la cabecera municipal, donde el médico únicamente atiende en horario de nueve de la mañana a tres de la tarde y de lunes a viernes.
La lucha del pueblo de Mini Numa, exigiendo al gobierno del estado servicios médicos constantes y medicamentos inició desde el año 2003, sin embargo la respuesta oficial es que a esa población se le garantiza a cobertura en salud con la clínica que se encuentra en Metlatónoc.
Lo malo es que, afirman en la clínica de Metlatónoc únicamente se atienden 30 personas diarias de lunes a viernes y el servicio se interrumpe a las tres de la tarde.
Ante ese panorama que les es adverso los quejosos pidieron la intervención de la Comisión de Defensa Estatal de defensa de los Derechos Humanos, institución que en el año 2007 que pidió al gobierno estatal que se implementaran medidas cautelares que garantizaran la atención médica de los indígenas de Mini Numa.
No han obtenido una respuesta que satisfaga su exigencia a acceder de manera formal a los servicios básicos de salud básico, por lo cual pidieron la protección de la justicia federal y el próximo martes tendrán una audiencia en el juzgado séptimo con sede en Chilpancingo, donde expondrán las pruebas de sus acusaciones, que desde la semana pasada son apoyadas por decenas de organizaciones sociales han enviado comunicados al juez Luís Almazán Barrera pidiéndole que otorgue el amparo para que el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo y la Secretaría de Salud les garanticen su derecho a la salud y a la vida. (Abel Miranda Ayala)
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